La justicia transicional tiene un largo recorrido en Colombia desde los primeros esbozos en 2003 de lo que dos años más tarde se convertiría en la Ley de Justicia y Paz, la primera experiencia del país en transformar los derechos de las víctimas en ley.
Desde entonces la jurisprudencia colombiana, los tribunales regionales, las reformas legales y la introducción de nuevas leyes, han reconfigurado el marco de justicia transicional. Esto ha creado una red cada vez más densa de leyes e instituciones, así como una gran cantidad de lecciones acerca de lo que puede funcionar.
Colombia está en una posición probablemente mejor que la de muchos otros países que emergen de conflictos para fortalecer su proceso de paz con medidas integrales que enfrenten los abusos cometidos en el pasado. Sin embargo, los negociadores y los encargados de las políticas necesitan tomar en serio las limitaciones financieras y administrativas. En particular, deben procurar no repetir el error de establecer un sistema ambicioso en el plano legislativo, pero que en la práctica tendría dificultades para defender los derechos de las víctimas.
