Miles de delitos graves se han cometido durante el conflicto armado por parte de todos sus protagonistas: el Estado, los grupos guerrilleros y paramilitares.
Un creciente cuerpo de normas jurídicas ha restringido el margen de maniobra para los negociadores, pero instrumentos como las penas alternativas o la suspensión de la ejecución de penas, dejan suficiente espacio para un acuerdo que promueva tanto la justicia como la paz.
La responsabilidad de los crímenes debe abordarse a través de un sistema de cuatro niveles:
- una amnistía para los delitos políticos cometidos por las FARC;
- el enjuiciamiento de los máximos responsables de ambas partes por graves crímenes internacionales;
- y una serie de medidas para hacer frente a los guerrilleros que no están incluidos en la categoría de los más responsables.
- Un sistema que reconozca las responsabilidades particulares de losagentes del Estado.